La inmensa mayoría de los españoles, sobre todo los que acuden a las estaciones de servicio con la malsana curiosidad de comprobar cuánto más pagarán esa vez por llenar el depósito de sus vehículos, están en un sinvivir por la decisión del Gobierno de Bolivia de nacionalizar sus hidrocarburos. La medida afecta de lleno a Repsol YPF y, como es natural, ha causado indignación en la ciudadanía, dado el carácter filantrópico de la multinacional, casi una ONG del crudo y de los gases licuados. El estupor ha llegado al Gobierno, que ha enviado a La Paz a un puñado de altos cargos con la misión de convencer al “indígena cocalero” que ganó hace tres meses las elecciones en Bolivia para que tenga miramientos con una institución que tanta admiración y respeto despierta en la madre patria.

Nuestras autoridades y las europeas esgrimen un argumento irrefutable: no se puede jugar en vano con la seguridad jurídica de Repsol, ni con la de Iberdrola, ni con la de Telefónica ni con la de Prisa que, derrochando objetividad, en sus opiniones sobre éste y otros temas relacionados con Bolivia siempre ha hecho abstracción de que es la propietaria de los principales diarios del país andino y de una cadena de televisión. “Aun comprendiendo que Bolivia quiera ser el primer beneficiario de sus recursos naturales, especialmente del gas, igualmente necesita de la inversión extranjera para su explotación. Con esta nacionalización, cuyos detalles habrá que estudiar con mayor detenimiento a medida que se vayan desarrollando y aplicando, Bolivia pone en juego la credibilidad de sus garantías jurídicas”, tal era el aserto del editorial de El País del pasado 2 de mayo.